El real decreto de reforzamiento del sistema financiero que se publicó el viernes en el Boletín Oficial del Estado da plazos más holgados de los previstos a las entidades con problemas para obtener capital, pero, a la vez, dibuja un plan ‘B’ alternativo para las entidades que no consigan captar por su cuenta suficiente dinero para cumplir los nuevos y duros requisitos de capital. Ese plan pasa por vender activos, redes de oficinas o acudir sin más dilación al dinero público del fondo de rescate (FROB), lo que conlleva inmediatamente su conversión en bancos.
El Ejecutivo y el Banco de España han señalado con claridad hacia dónde deben encaminarse las entidades que deban acometer planes de recapitalización con ayudas públicas. Las cajas afectadas deberían, por un lado, reducir los costes de estructura, lo que pasa por vender o cerrar sucursales y, en muchos casos, por reducir plantilla. Además, quienes acudan al dinero público deberán adoptar “medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo”, o lo que es lo mismo, llevar a cabo un proceso de concentración de capitales.
El Banco de España limitará la obra social de las cajas
En general, el decreto deja en manos del Banco de España la llave del futuro de las cajas. El gobernador, el ex Ejecutivo del FMI Miguel Ángel Fernández Ordóñez, será quien decida si las entidades pueden ampliar o no los plazos para capitalizarse, sin que los criterios estén claramente definidos. El Banco de España limitará la obra social de las cajas que no cumplan los nuevos requisitos de capital exigidos, recortando aún más los derechos de los ahorristas.
La CECA asegura que el plan es muy duro y discriminatorio con las cajas
Amado Franco, el vicepresidente de la CECA, la patronal de las cajas, aseguró ayer que el decreto es “muy duro” y “discriminatorio” con las cajas, si bien despeja algunas incógnitas sobre el futuro de estas entidades, que en las últimas semanas se han visto envueltas en una nube de especulaciones.”No creo que las cajas desaparezcan, pero estamos en un momento de refundación”, subrayó. Para algunos expertos, aún quedan muchas dudas por despejar, creen que “sigue sin quedar claro cómo van a asumir las pérdidas derivadas del pinchazo inmobiliario para dejar ‘limpios’ los balances”. En el fondo, lo que queda por dilucidar es el futuro de las entidades que despiertan mayores dudas en los mercados: la fusión de las cajas gallegas, las de Cataluña, Castilla y León y la liderada por Caja Madrid. Otros apuntan a una profundización de las inversiones especulativas, un recorte general de los gastos de la obra social y la inyección de dinero público.
El Gobierno deja un resquicio en el decreto para evitar la nacionalización transitoria de algunas cajas con pérdidas
Por otro lado, el Ministerio de Economía ha dejado un pequeño resquicio en el decreto ley para el reforzamiento del sistema financiero para evitar la nacionalización de algunas cajas de ahorros. La letra pequeña de la norma publicada ayer en el BOE prevé un régimen transitorio para la recapitalización de las entidades, según el cual aquellas que antes de la entrada en vigor del decreto hayan comenzado la negociación con el FROB para obtener ayudas, podrían evitar la citada nacionalización. Fuentes del sector consultadas por dicho rotativo aseguran que esta medida que la vicepresidenta Salgado no mencionó el viernes en la rueda de prensa en la que explicó el contenido de la norma, está diseñada específicamente para Caixa Catalunya, que ya anunció hace más de un mes que solicitaría el apoyo de capital público. Argumentan en este sentido que se trataría de una cesión del Gobierno a CiU para obtener su apoyo a la convalidación del decreto.
Fuente | LaHaine
El Ejecutivo y el Banco de España han señalado con claridad hacia dónde deben encaminarse las entidades que deban acometer planes de recapitalización con ayudas públicas. Las cajas afectadas deberían, por un lado, reducir los costes de estructura, lo que pasa por vender o cerrar sucursales y, en muchos casos, por reducir plantilla. Además, quienes acudan al dinero público deberán adoptar “medidas tendentes a la mejora de su gobierno corporativo”, o lo que es lo mismo, llevar a cabo un proceso de concentración de capitales.
En general, el decreto deja en manos del Banco de España la llave del futuro de las cajas. El gobernador, el ex Ejecutivo del FMI Miguel Ángel Fernández Ordóñez, será quien decida si las entidades pueden ampliar o no los plazos para capitalizarse, sin que los criterios estén claramente definidos. El Banco de España limitará la obra social de las cajas que no cumplan los nuevos requisitos de capital exigidos, recortando aún más los derechos de los ahorristas.
La CECA asegura que el plan es muy duro y discriminatorio con las cajas
Amado Franco, el vicepresidente de la CECA, la patronal de las cajas, aseguró ayer que el decreto es “muy duro” y “discriminatorio” con las cajas, si bien despeja algunas incógnitas sobre el futuro de estas entidades, que en las últimas semanas se han visto envueltas en una nube de especulaciones.”No creo que las cajas desaparezcan, pero estamos en un momento de refundación”, subrayó. Para algunos expertos, aún quedan muchas dudas por despejar, creen que “sigue sin quedar claro cómo van a asumir las pérdidas derivadas del pinchazo inmobiliario para dejar ‘limpios’ los balances”. En el fondo, lo que queda por dilucidar es el futuro de las entidades que despiertan mayores dudas en los mercados: la fusión de las cajas gallegas, las de Cataluña, Castilla y León y la liderada por Caja Madrid. Otros apuntan a una profundización de las inversiones especulativas, un recorte general de los gastos de la obra social y la inyección de dinero público.
El Gobierno deja un resquicio en el decreto para evitar la nacionalización transitoria de algunas cajas con pérdidas
Por otro lado, el Ministerio de Economía ha dejado un pequeño resquicio en el decreto ley para el reforzamiento del sistema financiero para evitar la nacionalización de algunas cajas de ahorros. La letra pequeña de la norma publicada ayer en el BOE prevé un régimen transitorio para la recapitalización de las entidades, según el cual aquellas que antes de la entrada en vigor del decreto hayan comenzado la negociación con el FROB para obtener ayudas, podrían evitar la citada nacionalización. Fuentes del sector consultadas por dicho rotativo aseguran que esta medida que la vicepresidenta Salgado no mencionó el viernes en la rueda de prensa en la que explicó el contenido de la norma, está diseñada específicamente para Caixa Catalunya, que ya anunció hace más de un mes que solicitaría el apoyo de capital público. Argumentan en este sentido que se trataría de una cesión del Gobierno a CiU para obtener su apoyo a la convalidación del decreto.
Fuente | LaHaine
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